La persiana del frente, baja, en la calle Cañada de Gómez, en Mataderos.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
Mariana Ramos, una niña de 11, falleció este domingo producto de un incendio en el taller clandestino de costura donde vivía junto a su familia en el barrio de Mataderos, y volvió a poner el foco sobre la precarización laboral y la falta de control del Estado porteño que, con esta muerte, acumula nueve víctimas fatales en esos espacios precarios de producción, ocho de ellas menores de edad. El fuego, que se inició en uno de los cuartos que la familia usaba para trabajar y dormir, se extendió rápidamente y la madre sólo logró sacar con vida al hijo menor. Juan Vázquez, integrante de la Cooperativa Juana Villca, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien se acercó a la familia tras el incendio dijo a PáginaI12 que “el Estado es responsable porque no tiene la decisión política de avanzar con la trazabilidad de la producción textil que pondría fin a los talleres ilegales”.
Ayer, mientras la casa-taller, ubicada en Cañada Gómez 2765, permanecía con la persiana metálica baja y semidestruida y el pasillo lateral de la edificación, que comunica varias viviendas, con rastros de las llamaradas de fuego, uno de los vecinos contó que el incendió se desató alrededor de las nueve de la mañana en la habitación donde dormía la nena con su mamá y su hermano de 4 años. En la otra habitación, viven la tía de la nena con su pareja y tres hijos. Y al frente, están las máquinas de costura, y los cortes de tela que recibió unos días antes, que no llegaron a ser afectados por el incendio.
“Cuando comenzó el fuego la mujer pudo sacar al más chiquito. También llegaron a salir la hermana y sus hijos, pero después no pudieron volver a entrar para buscar a la nena. Junto con otro muchacho rompimos la persiana donde está el taller pero era imposible entrar porque había mucho fuego. Apenas pudimos resistir el humo unos segundos”, contó Roque, vecino de la cuadra. “A la nena no la pudieron salvar porque se había escondido abajo de la cama, y cuando llegaron los bomberos era tarde. Había mucho humo y desde el pasillo del costado se veían las llamaradas”, agregó el joven que fue trasladado luego al Hospital Santojanni de forma preventiva, al igual que Ana, la mamá de la nena fallecida, que era alumna de quinto grado de la escuela 7 “Recuerdos de Provincia”, en avenida Juan Bautista Alberdi 4755.
Según Vázquez, las versiones sobre las causas del incendio son dos: “el recalentamiento de un enchufe con un arbolito de navidad o el espiral para los mosquitos que había puesto la madre para que pudieran dormir”.
En el taller, quedaron los cortes que había recibido la trabajadora textil pocos días atrás, después de un parate de más de dos meses sin trabajo por la crisis económica.
Según el relato de otros vecinos de ese barrio porteño, los talleres clandestinos proliferan en muchas propiedades de la zona, sin que las autoridades controlen. “Acá hay talleres por todos lados. Acá a la vuelta tenés uno, en está cuadra tenés otros dos, un poco más allá en avenida Corrales también. Todas viviendas precarias, con instalaciones precarias y con mucha gente viviendo en el mismo lugar que trabaja”, dijo una de las vecinas, quien prefirió no dar su nombre.
En ese sentido, el Gobierno porteño salió a despegarse y prácticamente transfirió la responsabilidad a los vecinos. Ricardo Pedace director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), sostuvo que “el domicilio no tenía ninguna denuncia registrada ante nuestro organismo”, ni tampoco había sido denunciado en la PROTEX ni en la ONG La Alameda. “Para poder erradicar estos talleres necesitamos del compromiso de los vecinos que denuncien ante la mínima sospecha; a partir de ahí nosotros realizamos un trabajo coordinado con otros sectores como Trabajo, Migraciones, Niñez, porque se trata de un problema complejo que debe abordarse con una mirada integral”, afirmó.
En cambio, para Vázquez, si bien denunciar puede servir, la realidad es que “lo que hacen las denuncias es que se trasladen los lugares donde se cose, que cada vez más se están yendo a la provincia de Buenos Aires para invisibilizarse. El Estado tranquilamente puede controlar cómo y dónde se produce la ropa que se vende y para eso tiene que hacer la trazabilidad de la producción para que sea visible la cadena productiva textil”, dijo y remarcó que la nena es una nueva víctima de este modo de producción precario que en 2015 cobró la vida de Rodrigo Menchaca, de 10 años, y Adair Rolando Mur Menchaca, de 5, durante un incendio en un taller clandestino en el barrio de Flores.